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En una nota de prensa entregada a este redactor se indica que Fundeprovi-DDHH hará "énfasis primordialmente en los derechos económicos, sociales y culturales" a los cuales deben tener acceso todos y todas las ciudadanas que habitan en esta entidad y en el país. La acción de esta fundación tendrá marco legal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (también conocida como Pacto de San José) y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
"Después de un período de capacitación y formación en el ámbito internacional y nacional de los derechos humanos y con un personal capacitado en el área, la fundación iniciará con talleres educativos de formación en diversas comunidades previamente seleccionadas de todos los municipios", señalaron Salazar y Rivas. Añadieron que uno de los objetivos de la fundación es enseñar a la población a formular sus denuncias respecto a los abusos que pudieran cometer los funcionarios públicos, policiales o militares.
En una siguiente fase los encargados de Fundeprovi-DDHH enfocarán su trabajo en crear grupos o comités de defensores de los Derechos Humanos y del medio ambiente en todos los municipios del estado. Esas instancias "tendrán como finalidad velar porque no se vulneren o conculquen sus derechos como ciudadanos e implementar medidas cónsonas para la preservación del medio ambiente".
Destacan los promotores que "por su carácter de ente social sin fines de lucro, Fundeprovi-DDHH no tendrá ningún interés económico en sus acciones y actividades educativas, estratégicas y métodos a implementar... es decir, no cobrará ni solicitará ayuda monetaria a las comunidades o grupos organizados que ameriten de su ayuda". Salazar y Rivas aclararon que la intención de la fundación no es confrontar a las autoridades gubernamentales por sus denuncias o solicitudes que se hagan de ahora en adelante a través de los medios de comunicación.
Foto: Alejandro Salazar, presidente, y el psicólogo Rivas, promotores del proyecto en defensa de los Derechos Humanos (Foto Javier Roselis).
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